Tribuna de opinión, Fernando Moraleda, Secretario General de Agricultura y Secretario de Estado de Comunicación (2004 – 2008).
Una sucesión de acontecimientos globales en muy poco espacio de tiempo ha alumbrado nuevos tiempos para la actuación de las empresas y las instituciones públicas. La pandemia por la COVID 19 supuso una enorme y generalizada prueba de estrés en los sistemas de distribución mundiales con numerosas roturas en las cadenas de suministro y la consiguiente crisis de confianza en los mercados. La guerra de Ucrania, a su vez, produjo un enorme shock en los mercados energéticos provocando una tensión inflacionista mundial que aún perdura en muchos países desarrollados. Y visto ya con alguna perspectiva, la cadena alimentaria española se ha demostrado como una de las más resilientes del mundo ante estos dos impactos desconocidos por sus graves efectos desde la segunda guerra mundial.
La cadena agroalimentaria española es, con respecto a otros sectores productivos, la de mayor valor económico, social y medioambiental de nuestro país, incluyendo en esta última su valioso componente territorial para la España despoblada. Y merece destacar que, si ha hecho frente a estas circunstancias, tan duras de gobernar, esto ha sido posible por la fortaleza entre los distintos componentes de la misma, pero también por la propia de cada uno de sus eslabones por separado: producción, transformación y comercialización.
La garantía en el suministro de alimentos es probablemente la primera necesidad que cualquier sociedad necesita tener garantizada aún en casos de crisis sanitarias, bélicas o climáticas. La seguridad alimentaria se ha convertido en uno de los principales objetivos de los países desarrollados en sus planes de seguridad estratégica acompañando a los ya conocidos sectores energéticos o de seguridad militar.
En este nuevo contexto geopolítico en el que se escribirá un nuevo modelo de relación económica entre estados, la alimentación es y será un vector imprescindible en la planificación de las reglas que gobiernen esta relación.
Uno de los componentes que ha surgido en el análisis de expertos sobre este nuevo contexto poliédrico, ha sido la figura emergente, aunque no nueva, de la colaboración público-privada. Y en la alimentación todos los actores están involucrados según sus específicas actuaciones en el mercado bien sea produciendo, distribuyendo o facilitando el consumo de alimentos por parte de la población, junto a los reguladores que no deben distanciarse del conocimiento de la realidad y sus complejidades. Y cada uno de ellos debe elaborar una estrategia colaborativa dentro de este nuevo marco.
Las empresas que están en la restauración tampoco son ajenas a este escenario. Por el contrario, sus actuaciones al respecto cobrarán el valor reputacional que acompaña a quien se anticipa y elabora nuevas estrategias vinculadas a uno o varios de los sectores que componen la cadena alimentaria.
Un ejemplo de esto es la creación de los Premios Big Good por parte de McDonald’s. Con el objetivo de premiar y reconocer proyectos de desarrollo sostenible en el campo español, estos galardones contribuyen a potenciar los distintos ecosistemas productivos de sus receptores: tanto en lo referente a la difusión de su trabajo como en la puesta en valor de los extraordinarios avances que impulsan empresas e individuos en los entornos agrario y ganadero en nuestro país.
Solo mediante la colaboración y el esfuerzo conjunto de los actores públicos y privados conseguiremos que el sector agroalimentario siga avanzando en el entorno actual. La ciudadanía y el bien común lo demandan.
